domingo, 23 de abril de 2017

T R O P E L I A

A B U S O  A D M I N I S T R A T I VO 

  Sakura, como cada mañana, salió a caminar, disfrutando del fresquito de las primeras horas, tomar café e hilvanar  las  diferentes gestiones por hacer, esperando cruzarse con buena gente, conocida o no, cuyos fortuitos saludos o pequeñas conversaciones siempre producen buenas vibraciones o comparten  preocupaciones, noticias…

  Reparó en que el motorizado cartero que la había saludado segundos antes con un movimiento de  cabeza, apareciera de nuevo a su lado tras hacer sonar el claxon, para llamar su atención y deshacer el camino recorrido en sentido opuesto.
-¿Están en su casa? – preguntó.
-Sí - respondió Sakura.
-Llevo una diligencia de Hacienda, pero en este momento no sé a quién va dirigida.
-Déjela allí, por favor.
 El cartero siempre daba muestras de profesionalidad.

 Sakura no se inquietó lo más mínimo por el anuncio de “una diligencia de Hacienda”,  mentalmente hizo un esquemático recorrido de sus deberes como ciudadana de pro y pensó que todo estaba en orden. Así pues, no debía preocuparse.

 Por otra parte, sí consideraba preocupante  que el municipio barcelonés, en el que había residido durante 30 años, todavía tuviera  pendiente rectificar un grave error que, desde hacía    seis años, la venía causando perjuicios aplicando la ley de la prepotencia.

 Y es que Sakura, en un contexto objetivo, muy especial, en el que teóricamente los medios de comunicación pregonan se solicite protección, tuvo que hacerse cargo de una elevada hipoteca y otros préstamos objetivamente necesarios, que únicamente podría saldar vendiendo su apartamento.

 La incipiente crisis del ladrillo ocasionó el paro total en la venta de pisos, con caída en picado del precio de los mismos.

 Sakura tardó varios años en conseguir la venta, con una  considerable bajada del precio previsto. Ya estaba jubilada, tenía cargas familiares ineludibles  y en adelante tendría que vivir de alquiler; además, su salud necesitaba presupuesto también necesario. Estaba claro que debería hablar con el ayuntamiento para que la eximiera del impuesto de la plusvalía. Pensaba que  la dignidad humana y el sentido común estaban de su lado.

  Ambas categorías estaban de su lado pero no así “la casa grande de todos” (eufemismo de ayuntamiento), que iba dando el silencio como respuesta, incluso en las ocasiones que, incansablemente,  Sakura se dirigía por burofax a la atención personal de la máxima autoridad de la alcaldía.

  Eso sí, la oficina de recaudación del municipio venía aplicando el máximo embargo “técnico” posible sobre su propia jubilación. Sakura no cesaba de reclamar.

  Aquella mañana, cuando Sakura leyó la diligencia que le había anunciado el cartero, lo que se llevó no fue un disgusto, fue un auténtico sentimiento de indignación: le comunicaban el ¡embargo de 20,10€, que le habían “pillado” en una cuenta bancaria!

  Se decía a sí misma que ella no era una delincuente ni una persona marginal; que delincuencia maltratadora era lo que el tal ayuntamiento venía cometiendo con ella.  Y no se conformaban con el embargo sobre su pensión…

 Con voluntad firme para defenderse de un poder ciego y malhechor, que no de la autoridad, consideró que embargar esos 20,10 euros era una nueva tropelía y objeto de denuncia a l juez de guardia. Como ciudadana, tenía el derecho y el deber de realizar esa denuncia.

  A la mañana siguiente, Sakura se dirigió al Servicio de  Información al Ciudadano del Juzgado para preguntar dónde podría realizar la gestión. La persona que amablemente la atendió  indicó el lugar. Una vez en el Juzgado de Guardia, presentó una copia del último burofax enviado a la máxima autoridad de la alcaldía y la copia de la diligencia de embargo de 20,10 euros. El funcionario que la atendía tuvo suficiente. Cuando entregó la copia de la denuncia a Sakura, en la misma decía  “……denuncia por tal tropelía al responsable en cuestión por los perjuicios que le están causando”.

   Una vez más, Sakura se alegraba de caminar por la vida amparándose en el  sentido común y la ética y en la convicción de que, en un estado de derecho, siempre es posible la defensa de la propia dignidad.   

 
  


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